Fondos especulativos, Estado impotente, Parlamento tardío
Lo que revela la comisión de investigación sobre la depredación de las capacidades productivas francesas
La comisión de investigación de la Asamblea Nacional sobre la «depredación de las capacidades productivas francesas por los fondos especulativos» no ofrece solo una galería de casos industriales o sociosanitarios fragilizados. A lo largo de las audiencias, saca a la luz un esquema más amplio: una economía francesa en la que activos estratégicos pueden ser captados, reestructurados y endeudados a un ritmo que el Estado difícilmente domina; unas administraciones que aplican normas a veces sin consideración suficiente por su finalidad política inicial; y un sistema público en el que la responsabilidad se disuelve entre ministerios, agencias, autoridades, profesiones reguladas y representantes electos. La tesis no debe caricaturizarse: no todas las operaciones de capital inversión son depredadoras, y no todas las pérdidas de soberanía industrial proceden de una falta del Estado. Pero las actas de la comisión muestran que en Francia la combinación de financiarización, fragmentación decisional y ambigüedad de responsabilidades crea un terreno favorable a transferencias de valor en detrimento del empleo, la inversión productiva y, a veces, la calidad del servicio prestado. (assemblee-nationale.fr)
El contexto macroeconómico da a estos trabajos un alcance que supera con creces algunos expedientes aislados. Francia sale de varias décadas de desindustrialización, pese a una inflexión reciente. France Stratégie recuerda que la parte del valor añadido manufacturero en el PIB francés, caída a lo largo de los años 2000 y 2010, aún no representaba más que el 15,7 % en 2023 en el estudio de referencia utilizado, señal de un aparato productivo aún debilitado en comparación histórica. Al mismo tiempo, el Banco de Francia registraba 69 392 quiebras de empresas en doce meses hasta finales de febrero de 2026, un nivel que confirma la fragilidad de una parte del tejido productivo. En semejante entorno, la cuestión ya no es simplemente saber si algunos fondos van demasiado lejos; es determinar si la arquitectura pública francesa protege realmente la sustancia industrial del país. (strategie.gouv.fr)
La industria francesa vendida al despiece: la financiarización como modo de gobierno de la empresa
Primera enseñanza de las audiencias: la comisión documenta menos una serie de accidentes que un modo operativo. En la audiencia de EQT Partners France del 26 de febrero de 2026, el presidente de la comisión recuerda que EQT se ha convertido en un actor mundial de primer orden, con 266 000 millones de euros de activos gestionados a mediados de 2025, y que ha tomado posiciones en sectores franceses sensibles como Cerballiance, Colisée o Saur. La comisión plantea de entrada las preguntas correctas: estructura de las operaciones de LBO, parte respectiva de deuda y fondos propios, sostenibilidad del endeudamiento e identidad de los inversores. El simple hecho de que estas preguntas se vuelvan centrales en sectores ligados a la salud, la dependencia o el agua muestra el desplazamiento del centro de gravedad: la empresa ya no es solo una herramienta de producción, sino un soporte de ingeniería financiera. (assemblee-nationale.fr)
Jurídicamente, hay que ser precisos: un LBO no es ilícito en sí mismo, como tampoco la búsqueda de rentabilidad es condenable por principio. El derecho francés permite la cesión de empresas, la adquisición con efecto de apalancamiento y la reestructuración del capital, siempre que se respeten el derecho de sociedades, el derecho laboral, el derecho de los procedimientos concursales y, en ciertos casos, el control de inversiones extranjeras o las reglas sectoriales. El problema, tal como se desprende de las audiencias, reside menos en la existencia de estos instrumentos que en su uso en sectores donde la lógica patrimonial puede entrar en contradicción con la lógica de servicio, de soberanía o de ordenación del territorio. Cuando redes de laboratorios, residencias de mayores o infraestructuras esenciales se convierten en activos de cartera, el horizonte de decisión cambia: la maximización de la valoración en la salida puede pesar más que la continuidad territorial, la calidad del servicio o la solidez a largo plazo. Esta crítica es económicamente argumentable y jurídicamente admisible siempre que no transforme toda operación en fraude por naturaleza. (assemblee-nationale.fr)
Los testimonios de asalariados escuchados por la comisión dan cuerpo a esta crítica. En Cerballiance, un representante sindical de la CFTC indica que la llegada del fondo modificó el funcionamiento del grupo, en un contexto ya endurecido por las políticas tarifarias y regulatorias. Describe horarios de apertura reducidos, reorganizaciones del tiempo de trabajo, una falta de alrededor del 10 % de plantilla respecto a las necesidades teóricas y un absentismo del 14 %, que conducen a una tasa combinada cercana al 24 %. Añade que esta evolución tuvo un impacto en la calidad del trabajo y, por tanto, en la calidad de la atención, con pacientes que se encuentran ante puertas cerradas por la tarde. Estas constataciones no establecen por sí solas una causalidad jurídica exclusiva entre fondos de inversión y degradación del servicio; pero demuestran que en sectores esenciales los arbitrajes de productividad no son neutros social ni territorialmente. (assemblee-nationale.fr)
El corazón del problema es, pues, político. Desde hace años, el ejecutivo proclama la reindustrialización, la soberanía sanitaria y la reconquista productiva. Pero, en los hechos, Francia sigue aceptando que empresas o redes que operan en eslabones críticos sean gobernadas bajo la restricción de la deuda y la salida. Existen herramientas de control (inversiones extranjeras, poderes sectoriales, contratación pública, doctrinas prudenciales, condicionalidad de las ayudas) pero la comisión de investigación sugiere implícitamente que a menudo intervienen demasiado tarde, de forma demasiado estrecha o fuera del verdadero centro de decisión. El Parlamento, por su parte, parece descubrir con la investigación lo que la práctica de las reestructuraciones sabe desde hace tiempo: en una economía debilitada, la empresa infrafinanciada se convierte en un objetivo; y la empresa objetivo acaba a menudo gestionada por trozos, línea de rentabilidad por línea de rentabilidad. (assemblee-nationale.fr)
Hablar de «industria vendida al despiece» es, por tanto, una fórmula polémica, pero remite a una realidad objetivable: separación entre propiedad y territorio, entre valor financiero y utilidad colectiva, entre gobernanza y responsabilidad. No es solo el capital el que cambia de manos; es la finalidad de la empresa la que se desplaza.
Cuando la administración desvía la finalidad de la regla: conformidad formal, contrasentido material
El segundo eje, más delicado jurídicamente, debe formularse con prudencia. Decir que «los funcionarios desvían el sentido de la ley» supone, en sentido estricto, la imputación de una intención culpable o de un uso deliberadamente contrario al objeto de la norma. Las actas consultadas no permiten, en esta fase, establecer en bloque semejante acusación personal. En cambio, revelan claramente un fenómeno vecino y políticamente grave: administraciones, agencias y estructuras de encuadramiento aplican o coproducen restricciones que, acumuladas, pueden contradecir la finalidad de interés general que el poder público pretende perseguir. No es necesariamente una desviación de poder en sentido contencioso; a menudo es una deriva funcionalista de la acción pública. (assemblee-nationale.fr)
El testimonio de Cerballiance es esclarecedor. El representante sindical explica que los pequeños laboratorios fueron fragilizados por la bajada de tarifas, pero también por los costes de conformidad ligados a las certificaciones del Cofrac y a las normas exigidas por las ARS. Según él, estas obligaciones son «extremadamente restrictivas», consumidoras de tiempo y costosas, hasta el punto de haber acelerado las agrupaciones y favorecido el auge de grandes conjuntos después accesibles a los fondos. Dicho de otro modo, instrumentos concebidos para garantizar la calidad, la seguridad y la regulación del sector produjeron también un efecto de estructura: encarecieron el acceso al mercado para los actores independientes, favorecieron la concentración y luego facilitaron la financiarización. No puede decirse, sobre esta única base, que los agentes públicos quisieran entregar el sector a los fondos; pero puede sostenerse, seriamente, que aplicaron objetivos de conformidad sin integrar suficientemente sus consecuencias de mercado y de soberanía. (assemblee-nationale.fr)
Es un defecto clásico del Estado contemporáneo: cada administración optimiza su objetivo local (calidad, seguridad, presupuesto, competencia, procedimiento, solvencia, ortodoxia financiera) sin que ninguna autoridad garantice la coherencia de conjunto. El ministerio de Sanidad persigue la estandarización; la Cnam ajusta la tarificación; las ARS refuerzan las exigencias; la acreditación agrava los costes fijos; Bercy razona en términos de sostenibilidad presupuestaria; las autoridades de mercado examinan la legalidad formal de las operaciones; y, al final de la cadena, el terreno descubre que la independencia económica de los pequeños operadores ha desaparecido. El resultado material puede oponerse a la finalidad política declarada. En este tipo de configuración, la letra de la ley se respeta, pero su espíritu (preservar un acceso efectivo, pluralista y territorialmente equilibrado al servicio) se erosiona. (assemblee-nationale.fr)
La crítica vale también para el aparato de reestructuración. Las profesiones del tratamiento de las dificultades recuerdan su papel de «tercero de confianza» y el encuadramiento jurisdiccional de sus misiones. El CNAJMJ subraya así la existencia de 170 administradores judiciales, 330 mandatarios judiciales, 270 despachos y 3 000 asalariados. Esta arquitectura es legítima: busca la salvaguarda de la actividad, la liquidación del pasivo, la protección de los acreedores y, si es posible, el mantenimiento del empleo. Pero la comisión explora precisamente la zona gris en la que el procedimiento de tratamiento de las dificultades se convierte también en un canal de acceso a cesiones de activos, a reprises selectivas y a recomposiciones de control accionarial. De nuevo, la objeción no es que el derecho de empresas en dificultad sea intrínsecamente vicioso; es que su manejo, combinado con relaciones de fuerza financieras asimétricas, puede desembocar en soluciones formalmente regulares pero materialmente empobrecedoras para el tejido productivo. (assemblee-nationale.fr)
En esta perspectiva, el ejecutivo tiene una responsabilidad particular. No porque violara frontalmente la ley, sino porque deja prosperar una máquina administrativa en la que el indicador se impone a la finalidad. Ahora bien, el derecho público francés conoce desde hace tiempo la exigencia de proporcionalidad, de adecuación de los medios y de persecución efectiva del interés general. Si la norma produce sistemáticamente efectos contrarios a la soberanía productiva que pretende proteger, el problema ya no es solo técnico; se vuelve institucional.
La dilución de la responsabilidad: un sistema en el que todos saben, pero nadie responde
La tercera enseñanza de las audiencias es quizá la más abrumadora para el ejecutivo y para el legislativo: la dilución de la responsabilidad aparece como un rasgo estructural, no como un accidente. Resulta de la multiplicación de intervinientes, de la especialización de competencias y de la fragmentación de las cadenas de decisión. Cuando una empresa estratégica se endeuda excesivamente, reduce su plantilla, cierra centros o degrada el servicio prestado, ¿quién responde? El fondo invoca el contexto de mercado; los directivos hablan de necesidad operativa; la administración remite a sus competencias limitadas; las autoridades sectoriales dicen juzgar solo la conformidad; los tribunales de lo mercantil tratan la urgencia; los electos explican que alertaron; y el Parlamento abre, tardíamente, una comisión de investigación. Cada uno posee un fragmento de verdad, ninguno asume el conjunto de las consecuencias. (assemblee-nationale.fr)
La propia comisión de investigación es, a su manera, el síntoma de esa deficiencia. Su existencia prueba que los instrumentos ordinarios de control no bastaron. Escucha a posteriori a actores que, en su mayoría, actuaron en el marco de competencias regulares. Eso no hace inútil la investigación; al contrario, es indispensable. Pero revela la paradoja francesa: el Estado está en todas partes en la norma, y en ninguna en la imputación clara. Cuanto más distribuida está la decisión, menos aprehensible es la responsabilidad política. Ahora bien, la democracia representativa no puede funcionar duraderamente si los costes sociales, industriales o territoriales de ciertas operaciones ya no tienen autor identificable. (assemblee-nationale.fr)
Esta dilución afecta también al legislativo. El Parlamento no puede erigirse exclusivamente en juez del ejecutivo cuando participa en la producción normativa que hace posibles estos atascos. Las leyes de simplificación, los marcos prudenciales, las habilitaciones, los regímenes de control parciales, la ausencia de condicionalidad estricta de las ayudas públicas o de protección reforzada de ciertos activos productivos son también el resultado de elecciones legislativas. El legislador ha preferido a menudo dispositivos generales, aparentemente neutros, en lugar de asumir una doctrina clara de soberanía económica. Por consiguiente, investiga hoy los efectos de un orden jurídico que él mismo contribuyó a dibujar. La crítica de la comisión vale, pues, para las dos cabezas del poder: un ejecutivo gestor y un legislativo demasiado a menudo reactivo. (assemblee-nationale.fr)
El coste concreto de esta dilución se lee en las cifras. En una economía en la que el Banco de Francia registra 69 392 quiebras en doce meses hasta finales de febrero de 2026, la ausencia de un arbitraje claro entre continuidad productiva, calidad del servicio, empleo y rendimiento financiero no es una debilidad abstracta; es un riesgo sistémico. Cuanto más fragilizado está el tejido económico, más ventaja toman sobre los actores industriales de largo plazo los actores capaces de movilizar deuda, experiencia de reestructuración y un horizonte de salida rápida. A falta de una responsabilidad unificada, los poderes públicos se condenan a comentar a posteriori reestructuraciones que ni previeron ni gobernaron verdaderamente. (banque-france.fr)
No basta, por tanto, con denunciar a los fondos especulativos. La comisión muestra sobre todo la debilidad de un Estado que no sabe jerarquizar sus objetivos y de un Parlamento que controla tarde. El asunto no es solo moral; es constitucional en sentido amplio, pues toca a la capacidad del poder público de garantizar la continuidad de la Nación económica.
Conclusión: el escándalo no es solo la depredación, es la organización pública de la impotencia
Tomadas en conjunto, las actas de la comisión de investigación dibujan una conclusión severa pero defendible: Francia no solo se enfrenta a estrategias agresivas de ciertos fondos; sufre un marco público que hace esas estrategias más eficaces de lo que deberían ser. El primer escándalo es la vulnerabilidad de un aparato productivo lo bastante debilitado como para convertirse en presa. El segundo es una administración que, demasiado a menudo, confunde pilotaje por la regla y persecución del interés general. El tercero, aún más profundo, es la fragmentación de la responsabilidad, que permite a todos los actores institucionales ser parcialmente competentes y políticamente inaprensibles. (assemblee-nationale.fr)
En esta fase, la prudencia jurídica impone no transformar indicios concordantes en culpabilidades definitivamente establecidas. Las audiencias no demuestran que toda operación de capital inversión sea depredadora, ni que todo agente público desvíe conscientemente la ley. Muestran, en cambio, con una fuerza rara, que un sistema entero puede producir efectos de depredación sin que la falta se concentre jamás en un solo punto. Es precisamente lo que debería inquietar. Porque cuando la industria se deshace, cuando las normas favorecen la concentración, cuando los asalariados describen una degradación tangible de las condiciones de trabajo y del servicio, y cuando ni el ejecutivo ni el legislativo asumen claramente la cadena causal, la democracia económica entra en una zona de no respuesta.
La comisión de investigación tuvo el mérito de nombrar ese malestar.
Queda por saber si los poderes públicos aceptarán extraer de ello algo más que una constatación tardía.