Por una doctrina del poder digital público
Estamos en 2026 y el despertar es doloroso. Desde hace más de una década, los informes se acumulan, las comisiones de investigación parlamentarias se suceden y se formulan diagnósticos de una lucidez aterradora. Sin embargo, tanto en los ministerios como en los comités de dirección de nuestras joyas industriales, persiste una misma letargia. La reciente audiencia de Henri Verdier ante la representación nacional debería haber provocado un electrochoque. Trazó el panorama clínico de una nación y de un continente en vías de vasallización tecnológica acelerada.
Como empresario del sector y consultor familiarizado con los arcanos de la cosa pública, solo puedo indignarme ante este pasivismo suicida. La incultura digital de nuestros decisores ya no es una simple laguna técnica: se ha convertido en una falta política mayor, una renuncia directa a nuestra soberanía y, en última instancia, a nuestro modelo democrático.
El diagnóstico está ante nuestros ojos, implacable. Ya es hora de abandonar las incantaciones semánticas para enfrentar la brutalidad de las relaciones de fuerza reales.
La invisibilidad de la infraestructura y la privatización del Mundo
El debate público francés, cuando se digna interesarse por lo digital, se enfoca con una obsesión casi neurótica en la compra de licencias de software o en el alojamiento en la nube. Es mirar el mundo por el ojo de la cerradura. Nuestra dependencia es de una naturaleza infinitamente más profunda, más sistémica. Golpea al hardware que ya no sabemos producir. Golpea nuestras capacidades cibernéticas, donde, pese a la excelencia de nuestras agencias de seguridad, apenas logramos anticipar las capacidades ofensivas de Estados extranjeros.
Más grave aún, esta dependencia golpea las infraestructuras físicas y lógicas críticas. ¿Cómo podemos tolerar la idea de que la gran mayoría de los nuevos cables submarinos del mundo estén ahora tendidos, financiados y controlados por un puñado de actores tecnológicos hegemónicos estadounidenses? Asistimos, en un silencio ensordecedor, a la privatización de la infraestructura física de la red mundial.
Asimismo, sectores enteros de nuestra economía descansan sobre datos fundamentales que nos parecen gratuitos y adquiridos, como la geodesia, el posicionamiento espacial o la cartografía. Estos bienes comunes de hecho dependen a menudo de infraestructuras extraeuropeas, a veces subfinanciadas por sus propios Estados creadores, que podrían colapsar o ser monetizadas brutalmente de un día para otro.
Los grandes servicios de acceso a la información, las redes sociales, los motores de búsqueda, esos famosos «gatekeepers», ejercen hoy una dominación que desborda ampliamente la esfera tecnológica. Imponen estándares tecnológicos y, fatalmente, estándares ideológicos. La incapacidad de Europa para inventarse un camino propio en el ámbito de la inteligencia artificial, negándose a salir del paradigma de la carrera hacia el gigantismo de los grandes modelos de lenguaje propulsados por centros de datos titánicos, es la prueba flagrante. Abdicamos de nuestra visión del mundo para abrazar la de Silicon Valley, olvidando que otras vías, impulsadas por investigadores europeos o por naciones como India, abogan por modelos distribuidos, frugales y abiertos.
La proletarización digital de la Industria Francesa
Es imperativo comprender la naturaleza de la captación de valor en marcha. El drama de los repartidores de plataformas de entrega, cuya vida ha sido transformada en un infierno algorítmico dictado por flujos de datos incesantes, no es más que la vanguardia de un fenómeno macroeconómico. Estos trabajadores, aislados de toda jerarquía humana, ven su remuneración y sus condiciones de trabajo reevaluadas en tiempo real por una inteligencia artificial que optimiza el beneficio de la plataforma central.
Si no nos cuidamos, nuestras grandes empresas y administraciones están a punto de correr la misma suerte. Es la amenaza de la «uber-deliveroo-ización» de la economía francesa. A partir del momento en que lo digital, la inteligencia artificial y las infraestructuras críticas extraeuropeas se interponen en el corazón de nuestras cadenas de valor, adquieren el poder de reorientar permanentemente los márgenes en su único provecho.
Nuestras joyas industriales, cuyo verdadero valor añadido residirá cada vez más en los datos y la algorítmica, corren el riesgo de ser degradadas a simples subcontratistas de monopolios de infraestructura. Cambiar la nacionalidad de un tirano tecnológico no resuelve el problema: trocar un monopolio extranjero por su equivalente europeo no mejorará ni nuestra salud democrática ni la libertad de nuestros mercados.
La extraterritorialidad y la vulnerabilidad geopolítica
El angelismo europeo debe cesar frente al arsenal jurídico y político de nuestros aliados y rivales. Nuestra dependencia tecnológica nos hace estructuralmente vulnerables al espionaje, institucionalizado por marcos jurídicos extranjeros que autorizan el acceso a los datos bajo su jurisdicción, sin importar dónde estén físicamente almacenados.
Más violentamente aún, esta dependencia nos expone a medidas de represalia unilaterales insoportables. El asunto de ese juez francés de la Corte Penal Internacional sigue siendo el símbolo aterrador de nuestra impotencia. Por haber desagradado al presidente estadounidense en el ejercicio de sus funciones, este hombre fue golpeado por un decreto ejecutivo concebido inicialmente para luchar contra el terrorismo internacional. De un día para otro, cortado de las infraestructuras de pago y de los servicios digitales estadounidenses, perdió el acceso al transporte, a los servicios de entretenimiento e incluso a servicios de la vida cotidiana francesa, tan incrustadas están las API de pago extranjeras en nuestro ecosistema. Una decisión arbitraria, unilateral, que evitaba todo procedimiento judicial, bastó para apagar social y económicamente a un ciudadano europeo. ¿Qué hacemos frente a ello? Europa dispone sin embargo de mecanismos de bloqueo que nunca se activan, prefiriendo dejar que sus empresas se hundan en una sobreconformidad temerosa ante las injunciones extranjeras.
La independencia absoluta no existe; China y Estados Unidos nos lo demuestran regularmente en sus guerras comerciales por las tierras raras o los semiconductores. La verdadera pregunta es la del equilibrio de las relaciones de fuerza. Ahora bien, hoy no estamos en condiciones de hablar de igual a igual. Somos tratados como una variable de ajuste marginal.
La incuria cultural del Estado comprador
El corazón del problema, el tumor que roe nuestra capacidad de resiliencia, es ante todo cultural. Al observar la administración pública y buena parte del sector privado, hay que constatar que lo digital sigue percibiéndose allí como una función de apoyo ingrata. La dirección de sistemas de información está confinada al mismo rango que la gestión inmobiliaria o la restauración colectiva, cuando debería ser el puesto de mando eminentemente estratégico, con asiento en el comité ejecutivo o con influencia directa en las decisiones ministeriales. Hemos transformado nuestras administraciones en inmensas centrales de compra, pobladas de funcionarios que ya no saben concebir, que ya no saben programar, que ya no saben probar. Cuando un Estado ya no sabe hacer, ya no sabe comprar. Se encuentra a merced de proveedores que le venden especificaciones, pliegos de condiciones absurdos, acompañamientos en la selección de proveedores y, finalmente, proyectos monolíticos repartidos en cinco a diez años. Estos proyectos, pensados como catedrales burocráticas para la paga de los militares o la gestión de recursos humanos, se derrumban sistemáticamente bajo el peso de su propia complejidad, valorada en millones de euros. Las cifras son humillantes. Cuando el Estado gasta cuatro mil millones de euros al año en informática para sus ministerios (de los cuales la mitad se evapora en la compra de licencias propietarias norteamericanas), un solo gran banco francés gasta el doble. Esta infrainversión crónica es el síntoma de un Estado que tiembla ante la revolución digital, que retrasa el momento de actuar por miedo al fracaso inevitable inducido por sus propios procesos esclerosados. Es estremecedor escuchar a directores de informática, tanto del sector público como del privado, justificar el mantenimiento de soluciones propietarias obsoletas, que cuestan millones y concentran la mayoría de las fallas de seguridad, por simple pusilanimidad frente a las alternativas libres y abiertas. El coraje ha desertado de las filas de quienes deberían proteger nuestra arquitectura decisional.
El modelo del Estado plataforma y la sabiduría de las infraestructuras públicas digitales
Sin embargo, existen otros caminos, señalados por éxitos espectaculares que nos negamos a industrializar. La noción de Estado Plataforma, teorizada desde hace más de una década, demuestra que otro enfoque es posible. En lugar de construir gigantescos sistemas cerrados, el Estado debe concebir bloques, API (interfaces de programación), módulos fluidos y seguros que permitan a los ecosistemas innovar sobre una base común. El ejemplo de India es a este respecto una lección de humildad y de estrategia. Frente a la amenaza de captación de su mercado por monopolios del tipo Uber o Google, los arquitectos indios no buscaron crear una empresa pública competidora, ni encerrarse en una regulación puramente punitiva. Construyeron Infraestructuras Públicas Digitales (DPI). Al imponer estándares abiertos para la identidad, el pago y la geolocalización, garantizaron que la infraestructura lógica quedara bajo control público, dejando al mismo tiempo que el mercado proliferara por encima. ¿El resultado? Un conductor de ciclo-taxi analfabeto puede operar mediante una aplicación local desarrollada por unos pocos miles de euros, liberándose del impuesto del 40% cobrado por las plataformas intermediarias. El Estado indio interviene no para impedir la innovación, sino para impedir la toma de control de un mercado bifaz por un intermediario desleal. Es una doctrina de una finura absoluta: dejar la innovación al mercado libre, pero proteger ferozmente los rieles lógicos de la economía. Estas infraestructuras cuestan irrisoriamente poco, porque se trata de diseño de arquitectura y de estándares, no de centros de datos titánicos. En Francia, cuando se le concedió confianza a la ingeniería pública, supo entregar joyas como FranceConnect o la mensajería segura del Estado (Tchap), desarrollada sobre bases open source por un costo por agente público irrisorio en comparación con las ofertas depredadoras del mercado. Estas victorias del método ágil, del desarrollo internalizado y del software libre demuestran que el fatalismo no tiene lugar. La excelencia técnica francesa existe; basta liberarla del corsé de los compradores ciegos.
La palanca de los bienes comunes y la ilusión de la burbuja proteccionista
La búsqueda de soberanía no debe hundirse en la fantasía de la autarquía absoluta o de la preferencia nacional ciega, que condenaría a nuestras empresas a vegetar en una burbuja no competitiva, vendiendo soluciones veinte veces demasiado caras a un comprador público cautivo. La autonomía razonable pasa por la diversidad, por la exigencia de mercados lealmente competitivos y, sobre todo, por una inversión masiva en los Bienes Comunes Digitales. La existencia del software libre, de los estándares abiertos, de proyectos como OpenStreetMap o Wikipedia constituye un arsenal de soberanía formidable. Estos bienes comunes no le dan a nadie el control absoluto de la situación, pero impiden concretamente que un monopolio se apodere de ellos. Son el basamento sobre el que debemos asentar nuestra doctrina defensiva. Sin embargo, el Estado sigue beneficiándose ampliamente de estos ecosistemas sin financiarlos a la altura de su criticidad. Decir «gracias por hacernos libres» no basta frente a los gigantes estadounidenses que, ellos sí, no dudan en financiar masivamente estos proyectos para mejor fagocitarlos desde dentro, como lo demostró la integración progresiva de ciertos actores del internet libre en la órbita de los motores de búsqueda dominantes.
Europa, terreno de batalla regulatorio y lobby libertario
Frente a esta asimetría de poder, el nivel europeo sigue siendo el único eslabón crítico pertinente. El Digital Services Act (DSA) y el Digital Markets Act (DMA) son textos elegantes, fundamentales, que atacan precisamente la regulación de los contenidos y la concentración de los mercados instaurando una lógica de conformidad y de rendición de cuentas.
Pero pecamos de una ingenuidad culpable respecto a la brutalidad de la respuesta del otro lado. Europa hormiguea de cabilderos cuyo objetivo no es necesariamente murmurar contra-verdades, sino ahogar al poder público bajo la complejización. El reciente «AI Act», monstruo burocrático de cientos de páginas cuyo sentido ya nadie capta, es el triste trofeo de esa estrategia de agotamiento.
Más inquietante aún es el socavamiento ideológico operado por la franja libertaria de Silicon Valley. Una ideología asumida, teorizada hace más de veinte años, que postula que la antirregulación es la condición absoluta de la innovación y que solo los monopolios merecen existir. Cuando figuras tutelares de esta industria, cercanas a los círculos del poder en Washington, amenazan públicamente con militar por una retirada de la OTAN si Europa se atreve a aplicar multas a sus redes sociales, cambiamos de dimensión. Ya no se trata de comercio, se trata de coerción geopolítica pura. ¿Estamos preparados, políticamente, para sostener este choque? ¿Tendremos el coraje político de hacer aplicar nuestras leyes al precio de eventuales represalias transatlánticas?
Sería falso creer que las decisiones públicas europeas o francesas están vulgarmente corrompidas. El mal es más insidioso. Reside en esos «visitantes de la tarde», esos representantes de los grandes despachos de consultoría y de los actores hegemónicos, que murmuran permanentemente al oído de nuestros dirigentes marcos de pensamiento simplistas. Insuflan la idea de que confiar nuestros datos regios a cajas negras extranjeras, con el falaz motivo de la eficacia inmediata, es la única vía razonable.
El escándalo de la imprudencia pública
Las consecuencias de esos murmullos son trágicas. Las filtraciones masivas de datos que golpean regularmente al sector público no son más que el reflejo de una superficie de exposición a los riesgos construida sobre una debilidad conceptual inaudita. ¿Cómo justificar el alojamiento de la plataforma de los datos de salud nacionales en un actor extraeuropeo mediante un rodeo a las licitaciones clásicas? ¿Cómo aceptar, sin temblar, que nuestros servicios de inteligencia se vuelvan absolutamente dependientes de sociedades tecnológicas extranjeras cuyo modelo de negocio consiste precisamente en hacerse indispensables, para luego dictar sus escalas tarifarias y sus condiciones de explotación, bajo la amenaza implícita de desconectar la capacidad del Estado para ejercer su poder regio?
La ilusión de la «burbuja de confianza» en torno a servidores desconectados de la red no borra en nada la desposesión del saber hacer. Cuando surja un conflicto comercial o político, ya no sabremos operar sin sus algoritmos. Subcontratamos nuestra soberanía cognitiva.
Un plan de acción para la década que viene
No es demasiado tarde, pero la hora ya no es la de la tibieza. Europa no apostó por la autosuficiencia, pero aún puede construir una relación de fuerza viable. Para ello, nuestros dirigentes políticos y económicos deben imponerse una nueva doctrina de acción, estricta e implacable: Reinternalizar la ingeniería pública estratégica: el Estado debe reaprender a hacer. Hay que dejar de financiar un ejército de compradores de especificaciones para reclutar masivamente desarrolladores, perfiles atípicos, partidarios de los métodos ágiles. La contratación pública digital debe volverse «inteligente», dejar de buscar la garantía ilusoria de los contratos decenales monolíticos, para avanzar por iteración y prototipado rápido.
Imponer la reversibilidad y la independencia por contrato: ninguna firma de contrato público con un gran proveedor de nube o de IA debería validarse sin la integración de una cláusula estricta de reversibilidad. Exijamos la realización de pruebas de migración en blanco antes de todo despliegue: si el Estado no puede dejar la solución y recuperar sus datos en quince días, el contrato es nulo. Cada decisión cotidiana debe evaluarse a la luz de una sola pregunta: «¿Esta opción aumenta nuestros grados de libertad?» Construir el Estado Plataforma y financiar los Bienes Comunes: abandonemos los sistemas de información en silos. Construyamos API robustas, seguras, documentadas. Dejemos de querer operar los servicios finales allí donde el ecosistema puede encargarse, pero retomemos el control absoluto de la capa de regulación técnica. Invirtamos masivamente, a escala europea, en las fundaciones del internet abierto, para no dejar este ámbito de lucha a merced de fundaciones satelizadas por las GAFAM. Apoyar la inteligencia artificial industrial europea: apartémonos de la fascinación mortífera por la IA generativa de gran público y el consumo energético irracional de centros de datos faraónicos financiados por capitales opacos. El futuro de Europa reside en la IA aplicada a la industria, utilizando los datos sectoriales no públicos para optimizar nuestras cadenas de producción, nuestra transición ecológica y nuestra soberanía material. Salir de la ingenuidad regulatoria: comprendamos que la regulación no es enemiga de la innovación, a condición de ser elegante y estar focalizada en la protección de los modelos democráticos. Exijamos que Bruselas mantenga la línea de firmeza en la aplicación del DSA y del DMA. Dejemos de ceder al chantaje del retraso tecnológico agitado por quienes tienen precisamente interés en que no pongamos ninguna regla.
La soberanía digital es el nombre contemporáneo de la democracia
El mensaje es claro y se dirige a ustedes, decisores, ministros, directores generales: lo digital no es un centro de costo que se externaliza. Es el sistema nervioso central de nuestras naciones. Si el pueblo soberano pierde la capacidad de decidir la protección de sus datos, el acceso a su información y las reglas que rigen su economía, ya no hay democracia.
La historia de lo digital no está congelada. Los gigantes que nos dominan hoy pueden muy bien derrumbarse mañana ante nuevos paradigmas tecnológicos. El darwinismo de la innovación es permanente. Pero no podremos aprovechar esas oportunidades de reversión si no cultivamos en nosotros esa voluntad de poder, esa cultura de la independencia concreta. Preparen las batallas siguientes. No pierdan la próxima arquitectura lógica. Dejen de mendigar el permiso de regular ante quienes desean nuestra disolución intelectual, y comiencen a construir los muros portantes de nuestro propio edificio. De ello depende nuestra supervivencia como continente libre.