El eco apagado de una sesión a puerta cerrada, celebrada en el seno de una institución republicana cuyo brillo fue antaño el faro del pensamiento francés, resuena hoy como una premonición disonante en el vasto anfiteatro de la democracia liberal.
La invitación de Peter Thiel, figura emblemática de una tecnooligarquía con ambiciones trascendentes, a la Academia de Ciencias Morales y Políticas, más allá de la anécdota mundana o de la simple curiosidad intelectual, solo puede analizarse como el síntoma manifiesto de una profunda deriva, e incluso de una perversión insidiosa, de la brújula moral e intelectual de nuestras sociedades.
La cuestión ya no es saber si debemos escuchar todas las voces, incluidas las más radicales, en un ejercicio socrático de confrontación de ideas (un ideal noble pero peligrosamente ingenuo ante las estrategias de conquista cultural), sino denunciar la orientación intelectual funesta que querría hacer de los «poderosos» detentadores de los medios tecnológicos potenciales guías para iluminarnos sobre la naturaleza y el porvenir de la democracia.
Esta premisa no solo es falaz, sino también profundamente deletérea, pues amenaza con redefinir los fundamentos mismos de nuestro pacto social en torno a principios que le son intrínsecamente hostiles.
La opacidad que rodeó ese encuentro, ese huis clos deliberadamente orquestado, no es un detalle menor; constituye el primer signo de un malestar profundo, de un intento de sustraer a la mirada pública una confrontación ideológica cuyos desafíos superan con mucho los círculos académicos.
¿Por qué, en efecto, tanto secreto?
El argumento, a menudo esgrimido, de la necesidad de crear un laboratorio de ideas donde las tesis más iconoclastas puedan analizarse sin incurrir en las iras de la opinión pública, se revela, mirándolo de cerca, una justificación superficial, e incluso cínica.
Tal argumento supone que el discurso de Thiel sería tan frágil que no resistiría la luz del día o, inversamente, que encerraría un poder de subversión tal que habría que contenerlo dentro de los límites protectores de la Academia para evitar toda contaminación precoz del cuerpo social.
Ninguna de estas interpretaciones resulta tranquilizadora.
La democracia, por esencia, se alimenta de la luz, de la transparencia y del debate público. Es el lugar donde las ideas, incluso las más incómodas, se someten a la crítica colectiva, a la racionalidad compartida y al examen ciudadano. Confinar la discusión de un pensamiento «radicalmente crítico» con la democracia en el seno de una élite restringida, por erudita que sea, equivale a otorgar a ese pensamiento una legitimidad por la excepción, una especie de derogación del principio democrático del debate abierto.
Es aislarlo para domesticarlo mejor o, peor aún, para inocularlo suavemente en esferas de influencia sin el tamiz de la contradicción popular. El secreto, en este contexto, no es un escudo protector del pensamiento, sino una capa que disimula las motivaciones reales, las vacilaciones o las complacencias que podrían revelarse si el intercambio tuviera lugar bajo la mirada implacable de la plaza pública.
Sugiere una incomodidad, una conciencia implícita de la naturaleza problemática del ejercicio, o una voluntad deliberada de controlar el relato y el impacto de esas ideas, aunque sea a costa de otorgarles una respetabilidad institucional sin asumir plenamente las consecuencias ante la colectividad.
Ese huis clos es menos una garantía de serenidad intelectual que una puerta trasera abierta al entre-nos de las élites, propicia a deslizamientos ideológicos que la vigilancia popular habría podido, y debido, contrarrestar.
Las preguntas y motivaciones reales de ese «grupo de trabajo» sobre «el porvenir de la democracia» merecen un análisis de perspicacia redoblada, porque las intenciones declaradas esconden a menudo agendas más complejas, e incluso fallas profundas en la comprensión de los desafíos contemporáneos.
La idea proclamada de escuchar «voces disonantes» o «adversarios de la democracia» para analizarlos y refutarlos mejor es, en su principio, loable.
El problema surge cuando esa confrontación se transforma, objetivamente, en una tribuna simbólica que confiere prestigio y legitimidad a ideas de naturaleza antidemocrática.
El caso Peter Thiel no es un simple «objeto de estudio» neutro, un espécimen intelectual que observar en laboratorio.
Es un actor poderoso, un ideólogo dotado de medios financieros considerables, cuyas tesis (su escepticismo hacia la democracia representativa, su hostilidad al multiculturalismo, su fantasía de élites dirigentes o su teología política del Anticristo y del katechon) no son simples especulaciones académicas. Son justificaciones de una política de potencia, de excepción y de recorte de las protecciones sociales, ya operativa en ciertos medios políticos y tecnocráticos.
Las motivaciones reales podrían, pues, ir más allá del simple análisis crítico.
Podrían residir en una fascinación culpable, una tentación latente en ciertas élites conservadoras (incluso más allá) por las soluciones autoritarias, por el orden frente al caos percibido de una democracia juzgada ineficaz o excesivamente igualitaria.
Hervé Gaymard, coordinador del grupo, con su sensibilidad a las crisis institucionales y a la teología política, encarna quizá esa franja intelectual.
Su búsqueda de una «comprensión» de esas corrientes radicales puede deslizarse fácilmente hacia una forma de complacencia, donde uno se expone a un pensamiento sin medir plenamente su potencial corrosivo, bajo el pretexto de una curiosidad intelectual sofisticada.
El peligro reside precisamente en esa postura: la apertura a discursos antidemocráticos, lejos de neutralizarlos, los banaliza, los normaliza y desplaza insidiosamente las fronteras de lo decible y lo pensable.
El verdadero desafío no es comprender «qué piensa Thiel», sino comprender por qué las instituciones republicanas sienten la necesidad, o el derecho, de conferir a tales pensamientos una plataforma de esa envergadura, arriesgándose a validar implícitamente la idea de que los principios democráticos están tan debilitados que deben ser «reformados» por visiones tan oscuras.
Ese grupo de trabajo, bajo el manto de una sana introspección, bien podría ser, a su insu o no, un terreno de experimentación para una reestructuración ideológica peligrosa.
Esta invitación, el huis clos que la envolvió y las motivaciones ambiguas que la sustentaron son otros tantos signos precursores de una inquietante mutación intelectual y política.
¿No estaremos asimilando las «luces oscuras» como fundadoras de un nuevo estado del orden mundial?
La expresión, cargada, evoca una forma de contra-Ilustración, un retorno a doctrinas predemocráticas, donde la razón ya no sería la guía de la emancipación colectiva, sino el instrumento de una dominación tecnocrática y elitista, a menudo matizada de escatología o de fatalismo histórico.
Thiel, al conjugar un catolicismo intransigente con la exaltación del emprendedor vencedor y el recorte de las protecciones sociales, propone una ideología que trasciende las fracturas tradicionales, fundiendo un conservadurismo radical con una visión futurista de la tecnología. Esta síntesis recuerda a los pensamientos reaccionarios y anti-Ilustración (Joseph de Maistre, Louis-Gabriel-Ambroise de Bonald, Jean-Jacques Rousseau, por citar solo algunos) que en el pasado buscaron deconstruir los fundamentos de la libertad y de la igualdad bajo pretextos diversos.
Hoy, el argumento tecnológico ofrece un nuevo atuendo a esas viejas tentaciones.
Las «luces oscuras» se manifiestan en esa creencia de que la complejidad del mundo moderno, acelerada por la tecnología, haría obsoletas la lentitud y los compromisos de la democracia representativa.
Pregonan la eficacia de una gobernanza por expertos, por «hombres providenciales» o por algoritmos, en detrimento de la soberanía popular.
Esa asimilación opera en varios frentes. En primer lugar, mediante la legitimación simbólica.
Cuando una Academia de la República acoge a tales figuras, les otorga un salvoconducto intelectual, una respetabilidad casi estatal que vuelve sus tesis menos marginales y más «audibles» en las esferas del poder.
El riesgo no es que Thiel «convierta» a la Academia, sino que la Academia, al acogerlo, participe a su pesar en la normalización de esos discursos ante los ojos de las élites.
Luego, mediante la porosidad creciente entre el mundo tecnológico y las esferas de la decisión política.
Los «poderosos» de la tecnología, lejos de ser simples inventores, se han convertido en actores geopolíticos mayores, cuya influencia supera la de muchos Estados.
Sus visiones del mundo, sus ideologías, sus «filosofías» (por rudimentarias o pintorescas que resulten a veces) no permanecen confinadas en los laboratorios o en los consejos de administración. Se inyectan en el debate público, a menudo vía think-tanks, medios influenciados o, como aquí, instituciones académicas. La fantasía de un «gobierno mundial» que combate Thiel encuentra, irónicamente, un eco perverso en la realidad de una potencia tecnológica globalizada que solo responde ante muy pocas instancias democráticas.
Ese deslizamiento hacia un nuevo orden mundial no es un golpe de fuerza manifiesto, sino una erosión progresiva de los cimientos democráticos, bajo el encanto seductor de la innovación y la eficacia.
Las «luces oscuras» no se oponen frontalmente a la razón: la pervierten poniéndola al servicio de fines antidemocráticos, reduciéndola a una racionalidad instrumental, desligada de toda consideración ética o política igualitaria.
Prometen un mundo «mejor» o «más estable» a cambio de la libertad y de la autonomía colectiva.
La visión de un mundo donde los multimillonarios de la tecnología, aureolados por su éxito emprendedor y por su pretendida capacidad de «disrumpir» el viejo mundo, se erigen en oráculos de la democracia, es una quimera peligrosa.
Su legitimidad descansa en la riqueza acumulada y en el dominio de herramientas tecnológicas, no en un mandato popular ni en una sabiduría política contrastada.
Son constructores de imperios económicos, no arquitectos de lo común.
Su «visión» de la democracia está inevitablemente filtrada por sus intereses económicos, sus prejuicios ideológicos y su desdén por los mecanismos de control y de equilibrio que la democracia construyó pacientemente. Encarnan una élite tecnocrática que aspira a dirigir el mundo no por el consenso, sino por la fuerza de la innovación y la pretendida inexorabilidad del progreso técnico.
Al hacerlo, proponen una forma de gobierno que tiende a vaciar la democracia de su sustancia, reduciéndola a una cáscara vacía donde las decisiones esenciales las toman actores no elegidos, en nombre de una pericia técnica o de una visión profética autoproclamada.
El debate crítico que siguió a esta invitación, aunque a veces marginado, es un contrapeso necesario, un resquicio de esperanza en ese cuadro sombrío. Revela que, pese a los intentos de normalización, una parte de la comunidad intelectual y ciudadana percive con toda claridad el riesgo y se esfuerza por nombrarlo.
La APPEP, las tribunas universitarias, los análisis en profundidad, son otros tantos escudos intelectuales alzados contra la marea creciente de las «luces oscuras».
Sin embargo, esa resistencia es frágil.
Debe enfrentarse a fuerzas poderosas, dotadas de medios colosales y de una capacidad de influencia sin precedentes. El peligro más profundo reside quizá en la indiferencia progresiva, en la habituación del cuerpo social a discursos que ayer todavía se habrían juzgado extravagantes o alarmantes.
Cuando las instituciones llamadas a ser guardianas de la República y de sus valores se prestan a tales ejercicios, contribuyen, con su aura y su legitimidad histórica, a rebajar los umbrales de vigilancia, a desplazar la «ventana de lo decible» hacia horizontes autoritarios.
En último análisis, el episodio de Peter Thiel en la Academia es mucho más que una simple polémica.
Es una metáfora poderosa de nuestra época, un espejo tendido a la democracia liberal que revela sus fragilidades intrínsecas ante las sirenas de la tecnocracia y del neoautoritarismo.
Las «luces oscuras» no son una abstracción lejana; son una fuerza activa que se manifiesta en la complacencia de las élites, en el atractivo del orden frente al desorden y en la tentación de confiar nuestro destino colectivo a «poderosos» que prometen soluciones rápidas y eficaces, al precio de nuestras libertades más fundamentales.
Rechazar a esos guías autoproclamados es reafirmar la primacía de la soberanía popular, el valor inalienable de la igualdad y la necesidad imperiosa de un debate público transparente e inclusivo.
Es elegir la democracia de la luz frente al oscurantismo tecnocrático que busca imponerse como el nuevo orden mundial.
El precio de la vigilancia es eterno, y nunca esa máxima fue tan pertinente como ahora, cuando las fronteras del pensamiento democrático se minan insidiosamente desde dentro, bajo la mirada a veces cómplice de quienes deberían ser sus más ardientes defensores.
Es hora de desenmascarar esas «luces oscuras» y de reafirmar, con fuerza y convicción, que el poder tecnológico no confiere ninguna legitimidad para dictar los términos de la convivencia democrática.