--- title: "La convergencia de las presiones digitales" subtitle: "Entre la necesidad de consolidación y unas tecnologías esquivas o desviadas, una gobernanza maltrecha" meta_title: "Convergencia de presiones digitales: identidad, euro y DSA" meta_description: "Identidad digital, euro digital y la crisis de Ceuta: tres presiones convergen en el otoño de 2026 y ponen a prueba la gobernanza democrática europea." date: 2026-08-10 author: JAS theme: "Estrategia y geopolítica" keywords: ["algoritmos", "democracia", "gobernanza"] image: https://ik.imagekit.io/l2lkwahet/199A/convergence-des-pressions-numeriques_IPNGsX_MT.jpg slug: convergencia-de-las-presiones-digitales status: published faq: [{"q":"¿Qué es la convergencia digital descrita en el artículo?","a":"Es la presión única que se ejerce sobre las sociedades abiertas y que se manifiesta en tres secuencias convergentes del verano de 2026: la prohibición francesa de redes sociales para menores de quince años, el avance del euro digital en Europa y la crisis migratoria de Ceuta. El artículo sostiene que estos acontecimientos no son capítulos separados, sino manifestaciones de un mismo movimiento por el cual el Estado busca recuperar el control sobre las infraestructuras de comunicación, pago e información. El movimiento es legítimo en su principio, pero inquietante cuando la consolidación institucional se confunde con la captura de espacios de libertad."},{"q":"¿Por qué la identidad digital es a la vez un remedio necesario y un veneno posible?","a":"Una identidad digital robusta permitiría proteger a los menores, luchar contra bots, fraude y suplantación, y el doble anonimato preconizado por la CNIL certificaría la edad sin revelar la identidad al sitio consultado. El riesgo está en la mecánica de uso repetido: al decimoquinto uso, la extensión lógica ya no será demostrar un atributo sino asociar definitivamente la identidad civil a la cuenta, un nudge que ya ha sido pedido explícitamente en Francia mediante enmiendas. La frontera entre progreso y regresión no se juega en la tecnología, sino en el derecho que la enmarca y en la independencia de las instituciones que la aplican."},{"q":"¿Qué es la invisibilización o shadow-ban y por qué representa un peligro para el debate público?","a":"La invisibilización es la desamplificación artificial del alcance de una cuenta, admitida bajo juramento por responsables de Meta, Twitter y YouTube ante comisiones parlamentarias estadounidenses y documentada por los Twitter Files de diciembre de 2022. El informe de la Comisión de Cultura del Senado francés propone un observatorio que podría pedir a las plataformas invisibilizar a un usuario por simple petición administrativa, sin recurso a un juez ni debate contradictorio. El peligro no es solo la censura frontal, sino la opacidad de la visibilidad, que instala una autocensura por inseguridad permanente incompatible con una democracia pluralista."},{"q":"¿Qué críticas plantea el artículo a la prohibición de redes sociales para menores de quince años?","a":"El artículo señala que la prohibición, adoptada el 21 de julio por el Parlamento francés, responde a un problema real de salud pública pero con un dispositivo coercitivo en lugar de una inversión educativa. Verificar la edad supone verificar la identidad de todos, y la experiencia australiana muestra que cerca del ochenta por ciento de los menores elude el dispositivo, mientras que en Europa la soberanía técnica no existe porque las plataformas son estadounidenses o chinas. La alternativa habría sido imponer filtros parentales por defecto y una campaña educativa nacional, pero lo punitivo siempre es menos costoso que lo educativo hasta que llega la factura de la desconfianza."},{"q":"¿Cuál es el problema central del euro digital según el artículo?","a":"El euro digital nació del miedo provocado por Libra en junio de 2019, no de una demanda ciudadana, y la realidad recortó sus promesas: el anonimato del billete fue abandonado, la desintermediación fue sustituida por los bancos comerciales y el techo de tenencia revela que vaciaría los bancos si fuera realmente más seguro. El artículo reconoce que defiende una soberanía legítima frente a las stablecoins, que pesan unos trescientos mil millones de dólares y están denominadas en dólares al noventa y siete por ciento. La cuestión decisiva no es su existencia sino la programabilidad: lo que un texto prohíbe, otro puede autorizarlo, y una moneda programable ya no es del todo dinero sino un instrumento de política conductual."},{"q":"¿Qué ocurrió en Ceuta en julio de 2026 y qué papel jugaron los algoritmos?","a":"Los días 30 y 31 de julio de 2026, entre cincuenta y sesenta mil personas cruzaron la frontera entre Marruecos y Ceuta en unas horas sobre la base de un rumor viral, provocando la muerte de más de setenta de ellas. Un grupo de Facebook con más de veinte mil miembros compartió mapas, itinerarios y colectas difundidos por TikTok, WhatsApp e Instagram, y Thierry Breton lo calificó como el primer ataque híbrido algorítmico de gran envergadura contra una frontera exterior de la Unión. 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Para iniciar este trabajo: business@199a.agency"}] --- ## Un otoño de 2026 bajo presión El otoño de 2026 se abre con un paisaje político y tecnológico de una densidad poco común. Estados Unidos inicia una secuencia electoral cuyo desenlace condicionará la arquitectura de lo digital mundial durante una década, mientras Francia prepara unas presidenciales llamadas a ser las primeras plenamente disputadas en el terreno de la información algorítmica. Lo que todavía llamamos, por comodidad, «redes sociales» ya no designa un conjunto de aplicaciones de ocio, sino la infraestructura misma de la palabra pública, del debate cívico y, ahora, de los movimientos de población. Tres secuencias, en apariencia distintas, convergieron durante el verano. El legislador francés ratificó la prohibición de las redes sociales para los menores de quince años y esbozó un observatorio de la desinformación capaz de invisibilizar cuentas consideradas culpables. El Banco Central Europeo obtuvo el visto bueno de la comisión parlamentaria para su euro digital, mientras el Senado estadounidense prohibía a la Reserva Federal hacer lo mismo. Y en Ceuta, en unas horas, entre cincuenta y sesenta mil personas cruzaron una frontera de la Unión Europea, provocando la muerte de más de setenta de ellas, sobre la base de un rumor viral amplificado por algoritmos cuyas métricas nadie ha podido consultar todavía. Estos tres acontecimientos no son capítulos separados de un mismo libro. Son las manifestaciones de una única y misma presión que se ejerce sobre las sociedades abiertas, una presión que podemos llamar la «convergencia digital». El Estado, que había perdido el control sobre las infraestructuras de comunicación, de pago y de información, busca recuperarlo. El movimiento es legítimo en su principio. Se vuelve inquietante en su método, cuando la consolidación institucional se confunde con la captura de los espacios de libertad, cuando lo punitivo precede a lo educativo y cuando la frontera entre la protección de los ciudadanos y el control de su palabra se vuelve tan fina que ya no se distingue. ## La identidad digital, remedio necesario y veneno posible Sería irrazonable negar los beneficios potenciales de una identidad digital robusta. La protección de los menores frente a contenidos deletéreos es una preocupación real, respaldada por estudios convergentes de salud mental sobre los efectos del *doomscrolling*, del acoso en línea y de la exposición precoz a la pornografía. La lucha contra los bots, la manipulación de la opinión a gran escala, el fraude y la suplantación supone también una capacidad de certificar la identidad de los interlocutores. El doble anonimato, preconizado por la CNIL, en el que un tercero de confianza certifica la edad sin revelar la identidad al sitio consultado, constituye a este respecto un compromiso tecnológico elegante. La cartera digital europea, el digital wallet, ofrecería una infraestructura de pruebas de divulgación mínima, que permitiría certificar un atributo, la edad por ejemplo, sin exponer la totalidad de la identidad civil. Pero el problema no está ahí. Está en la mecánica de uso repetido que se instala. Pedir a un usuario que demuestre su edad para acceder a una red social, luego para consultar un sitio reservado a mayores, luego para recuperar el control de una cuenta pirateada, crea un hábito. Al decimoquinto uso, la extensión lógica ya no será demostrar un atributo, sino asociar definitivamente la identidad civil a la cuenta, lo que en psicología cognitiva se llama un *nudge*. Y esa extensión ya ha sido pedida explícitamente, en varias ocasiones, por el partido en el poder en Francia, en forma de enmiendas destinadas a vincular las cuentas bajo seudónimo a una identidad civil accesible por la administración. El deslizamiento no es una hipótesis conspirativa. Está documentado, debatido públicamente y anunciado por sus promotores. La cuestión no es arbitrar si la identidad digital es buena o mala. Es saber quién accede a ella, en qué marco y con qué garantías contradictorias. Un sistema de identidad digital que protegiera a los menores sin exponer la palabra adulta sería un progreso. Un sistema que, so pretexto de protección, instalara una infraestructura de identificación generalizada de la palabra pública sería una regresión. La frontera entre ambos no se juega en la tecnología, que es neutra, sino en el derecho que la enmarca y en la independencia de las instituciones que la aplican. No es una constante, sino una variable sujeta a los flujos y presiones políticas de un lugar y un tiempo dados. ## La palabra pública bajo régimen de atenuación El informe de la Comisión de Cultura del Senado francés, publicado el 9 de julio, propone la creación, antes de las presidenciales de 2027, de un observatorio independiente de la desinformación, homólogo interno de Viginium. Este observatorio podría pedir a las plataformas que invisibilicen a un usuario considerado culpable por simple petición y ejecución administrativa. El senador centrista Laurent Lafon, que impulsa el texto, empleó una expresión reveladora durante su rueda de prensa, hablando de «injerencia interior». Este lapsus, o esta formulación deliberada, designa un concepto inédito y vertiginoso: un grupo de ciudadanos que se coordina para intervenir en el debate público con una financiación parcialmente extranjera podría ser calificado de injerencia interior y, por la simple decisión de una asociación financiada por el Estado, ser invisibilizado sin recurso a un juez, sin debate contradictorio. La invisibilización es el shadow-ban, esa *desamplificación* artificial del alcance de una cuenta. Los responsables de Meta, Twitter y YouTube lo admitieron bajo juramento ante comisiones parlamentarias estadounidenses. Los Twitter Files, publicados en diciembre de 2022, documentaron la existencia del visibility filtering, esas listas de cuentas cuyo alcance era minimizado porque su discurso no se alineaba con el relato oficial. No es una teoría conspirativa. Son testimonios bajo juramento, en un sistema jurídico donde el perjurio lleva a la cárcel. El peligro no es solo la censura frontal. Está en la opacidad de la visibilidad. Cuando se ignora qué opiniones son toleradas, ralentizadas o vueltas invisibles, la autocensura se instala no por miedo a una sanción explícita, sino por inseguridad permanente. El ciudadano ya no sabe qué discurso pondrá en peligro su cuenta, qué análisis será calificado de desinformación, qué coordinación será calificada de injerencia. Esta inseguridad es incompatible con el ejercicio de una democracia pluralista, particularmente en periodo electoral. Emmanuel Macron lo formuló sin ambigüedad: evocó la necesidad de avanzar hacia una eliminación progresiva de toda forma de anonimato y una jerarquía de la palabra en la que el experto, el científico y el responsable político pesarían más que el ciudadano corriente. La jerarquía de la palabra es un concepto seductor en apariencia. ¿Quién se negaría a dar más peso al médico que al charlatán, al climatólogo que al negacionista? Pero el problema es el de la selección. ¿Quién decide quién es experto? ¿El Estado? ¿Una asociación financiada por el Estado? Los médicos afirmaron durante un año que el origen de la covid era el pangolín, antes de que la hipótesis de una fuga de laboratorio, inicialmente calificada de conspirativa por los mismos expertos, se volviera plausible. La autoridad política o científica no se decreta. Se merece, se verifica y se pierde. Una sociedad que institucionaliza la jerarquía de la palabra en el momento preciso en que la confianza en sus instituciones se derrumba no refuerza la pericia. La desacredita aún más. ## Lo punitivo antes que lo educativo La prohibición de las redes sociales para los menores de quince años, adoptada el 21 de julio por el Parlamento francés, ilustra un defecto estructural de la gobernanza digital contemporánea: la tentación de responder a un problema real con un dispositivo coercitivo en lugar de con una inversión educativa. Nadie discute seriamente que la exposición de los niños a contenidos violentos, pornográficos o adictivos constituya un asunto de salud pública. Los estudios sobre la salud mental de los adolescentes, las revelaciones de los Facebook Files que muestran que Meta conocía los efectos deletéreos de Instagram sobre los jóvenes, todo converge hacia la necesidad de actuar. Pero el método elegido se apoya en una premisa tecnológica frágil. Verificar la edad de un usuario supone verificar la identidad de todos, mediante reconocimiento facial, France Connect o la cartera digital europea. La experiencia australiana, que precedió a la francesa, muestra que cerca del ochenta por ciento de los menores elude el dispositivo. En China, donde el Estado controla soberanamente su infraestructura digital tras el gran cortafuegos, la prohibición puede aplicarse. En Europa, donde las plataformas son estadounidenses o chinas y la infraestructura en la nube es más del sesenta por ciento estadounidense, la soberanía técnica no existe. Nos disponemos, por tanto, a educar a una generación en eludir la ley desde la más tierna infancia, como los jóvenes tunecinos eludieron la censura de Ben Alí durante la primavera árabe. La alternativa existía. Imponer a los distribuidores de teléfonos inteligentes y ordenadores la configuración por defecto de filtros parentales extremadamente restrictivos, desbloqueables únicamente por los padres tras prueba de identidad, habría transferido la responsabilidad a la autoridad parental. Acompañada de una campaña de comunicación a escala nacional para alertar sobre los efectos del doomscrolling y del acoso, este enfoque habría tratado el problema en su raíz sin construir una infraestructura de identificación generalizada. Pero este enfoque exige una inversión educativa y cultural considerable. La prohibición, en cambio, exige una ley y un algoritmo. Lo punitivo siempre es menos costoso que lo educativo, hasta el momento en que llega la factura de la desconfianza. ## El euro digital, soberanía monetaria o infraestructura de mando El anuncio de Libra por Mark Zuckerberg en junio de 2019 provocó un pánico saludable. Una empresa privada estaba a punto de acuñar moneda a escala planetaria, para sus dos mil quinientos millones de usuarios, con un solo clic. La reacción de los bancos centrales fue de una violencia poco común y una eficacia notable. Libra fue ejecutada en unos meses por una coalición mundial. Pero aquel día, los bancos centrales descubrieron que su monopolio sobre la moneda, una evidencia tan antigua que nadie pensaba en nombrarla, podía ser atacado. El euro digital nació de ese miedo, no de una demanda de los ciudadanos. La promesa inicial era bella: ofrecer a cada uno el billete en el teléfono, la seguridad de la moneda de banco central sin intermediario, un efectivo digital. Pero la realidad recortó cada promesa. El anonimato del billete fue abandonado públicamente. Christine Lagarde lo reconoció ante el Parlamento Europeo: el dinero digital deja rastro, no será enteramente anónimo. La desintermediación, que debía restablecer un vínculo directo entre el banco central y los ciudadanos, fue abandonada en favor de los bancos comerciales, que distribuirán el euro digital y verificarán las identidades. El proyecto concebido para prescindir de los intermediarios será distribuido por los intermediarios. Por último, el techo de tenencia, discutido en torno a tres mil euros, traduce una incapacidad estructural: si el euro digital fuera realmente más seguro que el euro bancario, vaciaría los bancos a la velocidad de la fibra óptica. Sin embargo, el euro digital también defiende una soberanía legítima. Las stablecoins, esos tokens indexados al dólar, pesan ya unos trescientos mil millones de dólares y el noventa y siete por ciento están denominados en dólares. La cuota del euro es inferior al cero coma tres por ciento. El Senado estadounidense, el 22 de junio de 2026, prohibió a la Reserva Federal crear un dólar digital, apostando por el sector privado. Europa, veinticuatro horas después, validaba el marco jurídico del euro digital. Dos modelos se enfrentan. El primero deja que el mercado pilote la moneda digital. El segundo la confía a la institución pública que fabrica el euro. El segundo no es perfecto. Pero la ausencia de soberanía monetaria digital europea, en un mundo donde dominan las stablecoins en dólares, sería un abandono estratégico. La cuestión decisiva no es la existencia del euro digital. Es la programabilidad. El reglamento europeo la excluye explícitamente: nada de euros con fecha de caducidad, nada de gastos etiquetados. Pero la infraestructura, una vez construida, no se desinventa. Lo que un texto prohíbe, otro texto puede autorizarlo, y un día de crisis, por excelentes razones. El experimento de Shenzhen en octubre de 2020, en el que dinero público se evaporaba de los teléfonos a medianoche, es hoy teóricamente ilegal en Europa. Pero ya no es imposible. Augustin Carstens, director general del Banco de Pagos Internacionales, lo describió sin rodeos: la moneda digital de banco central ofrece el control absoluto sobre las reglas y la tecnología para hacerlas respetar. Esta descripción no viene de un opositor. Viene del interior del sistema, en el nivel más alto, y está perfectamente asumida. Una moneda programable ya no es del todo dinero. Es un instrumento de política conductual, un dinero que ya no obedece a su tenedor sino a su emisor. ## Ceuta, frontera física y frontera informacional Los días 30 y 31 de julio de 2026, la frontera entre Marruecos y el enclave español de Ceuta fue franqueada por decenas de miles de personas en unas horas, sobre la base de un rumor cuidadosamente construido. Una interpretación deformada de un auto del Tribunal Supremo español, un rumor de apertura nocturna, un grupo de Facebook que reunía a más de veinte mil miembros compartiendo mapas, itinerarios y colectas, difundidos por TikTok, WhatsApp e Instagram. Más de setenta muertos. Thierry Breton, antiguo comisario europeo, calificó este acontecimiento como el primer ataque híbrido algorítmico de gran envergadura dirigido contra una frontera exterior de la Unión. La calificación debe examinarse con rigor. Lo que se sabe es que contenidos virales precedieron y acompañaron un movimiento de población masivo. Lo que se ignora es infinitamente más importante: ninguna plataforma ha comunicado las métricas de circulación de esos contenidos. ¿Cuántas visualizaciones? ¿Qué alcance geolocalizado? ¿Qué parte de amplificación algorítmica, de bots y de viralidad auténtica? La opacidad es total. Es esa opacidad la que hace imposible el análisis y ilusoria la prevención. La DSA, la Ley Europea de Servicios Digitales, prevé precisamente los instrumentos para responder a este tipo de situación. El artículo 34 obliga a las plataformas muy grandes a evaluar los riesgos sistémicos que sus servicios hacen pesar sobre la seguridad pública y los procesos democráticos. El artículo 35 impone medidas de atenuación proporcionadas. El artículo 36 permite activar un mecanismo de respuesta a las crisis. El artículo 40 abre el acceso a los datos para los investigadores acreditados. Nada de esto habría impedido a los habitantes de Fnideq esperar pasar a Europa. Pero todo ello habría hecho la manipulación trazable, contestable y costosa para sus iniciadores. La frontera del siglo XXI es a la vez física e informacional. Pretender asegurar una sin la otra es una ilusión. Pero la respuesta europea no puede consistir en replicar el modelo chino de vigilancia integrada, ni en aceptar el laissez-faire estadounidense que prevalece desde la sección 230. El modelo europeo, el de la transparencia vinculante y la responsabilidad ex ante de las plataformas, es el tercer camino. Su valor depende de su aplicación efectiva. Un reglamento celebrado pero inaplicado en su primera prueba seria no es un reglamento, es una pose. ## Las injerencias: reales, supuestas y políticamente útiles La cuestión de las injerencias extranjeras atraviesa el conjunto de estos debates y debe tratarse con una disciplina intelectual particular. Existen injerencias establecidas. La instrumentalización de la migración por Bielorrusia en las fronteras de Polonia, Lituania y Finlandia desde 2021 está documentada. La utilización de granjas de trolls por Rusia, la compra de influencia por actores estatales en las plataformas occidentales, el despliegue de campañas de desinformación por todos los medios, son hechos probados. La posibilidad de una instrumentalización extranjera en la crisis de Ceuta basta para imponer una investigación profunda, independiente y pública. Pero esa posibilidad nunca dispensa de la prueba. Es esencial distinguir tres registros. La injerencia establecida, que exige una réplica diplomática, económica y técnica proporcionada. La hipótesis plausible, que exige una investigación y la movilización de los instrumentos jurídicos existentes. Y la acusación cómoda, que consiste en calificar de injerencia extranjera lo que no es más que una opinión interior incómoda. Es en esa frontera donde el concepto de «injerencia interior» se vuelve peligroso. Un grupo de ciudadanos franceses, financiados parcialmente por actores extranjeros pero que expresan una opinión política, ¿puede ser calificado de injerencia? Si la respuesta es sí, entonces toda opinión no conforme al relato dominante puede ser descalificada por estigmatización, no por argumentación. La tentación es fuerte, en el contexto electoral de 2026 y 2027, de utilizar la acusación de injerencia como instrumento de política interior. Protegería la democracia si apuntara exclusivamente a manipulaciones externas probadas. La destruiría si sirviera para descalificar a la oposición. La línea de demarcación solo puede trazarla una investigación independiente, contradictoria y pública, nunca una decisión administrativa a puerta cerrada. Es precisamente lo que prevé la DSA con el acceso a los datos para los investigadores acreditados y la transparencia de las medidas de moderación. Pero hay que aplicarla. ## Tres modelos en colisión La convergencia de las presiones digitales del otoño de 2026 pone de relieve tres modelos de gobernanza que se enfrentan sin que ninguno haya demostrado aún su superioridad duradera. El modelo chino se apoya en la soberanía tecnológica integrada, del cortafuegos a las plataformas nacionales, de la moneda digital programable al crédito social. Es eficaz en su marco pero incompatible con una sociedad abierta. El modelo estadounidense apuesta por el mercado, las stablecoins privadas y la sección 230, abandonando la regulación pública en favor de la autorregulación de las plataformas. Ha producido la innovación más dinámica del siglo, pero también la concentración más extrema y la manipulación más opaca. El modelo europeo, por último, busca la vía regulatoria, con la DSA, el euro digital, el digital wallet y el Pacto Migratorio. Es ambicioso en su ambición normativa pero frágil en su soberanía técnica. Europa depende en más del sesenta por ciento de infraestructuras en la nube estadounidenses. Sus espacios sociales, de X a TikTok, son estadounidenses o chinos. Su capacidad de hacer aplicar la DSA depende de la buena voluntad de plataformas cuya sede está fuera de su jurisdicción directa. El reglamento europeo es un instrumento de poder, pero no es un poder. Esta disonancia entre ambición normativa y dependencia técnica constituye la falla estructural del modelo europeo. Mientras no se colme mediante una inversión masiva en soberanía tecnológica (infraestructuras, semiconductores, inteligencia artificial y plataformas), la regulación europea seguirá siendo un estuche elegante cuyo contenido escapa a su control. ## Gobernar sin capturar El otoño de 2026 condensa, pues, una serie de hitos que dibujan la arquitectura de lo digital político para la década venidera. La identidad digital se construye. El euro digital avanza. La DSA existe. El Pacto Migratorio ha entrado en aplicación. Cada uno de estos instrumentos, tomado aisladamente, responde a una necesidad real. La protección de los menores, la soberanía monetaria, la seguridad de las fronteras, la calidad del debate público son objetivos legítimos. La cuestión ya no es saber si el Estado debe recuperar el control. Debe hacerlo. La cuestión es saber cómo. Las condiciones de un gobierno legítimo de lo digital pueden formularse sencillamente, aunque su aplicación sea difícil. La finalidad de cada instrumento debe ser limitada y declarada: proteger a los menores, no vigilar a los adultos; asegurar la moneda, no programar los comportamientos; rastrear las manipulaciones, no jerarquizar las opiniones. El control independiente debe ser real, ejercido por un juez o una instancia garante de la imparcialidad, nunca por una asociación financiada por el ejecutivo. La transparencia algorítmica debe ser vinculante, con acceso a los datos para los investigadores y auditoría pública. El recurso debe ser efectivo, con debate contradictorio y posibilidad de impugnación. Por último, la separación entre identidad, expresión y moneda debe mantenerse como principio estructural, para evitar que una infraestructura única sirva simultáneamente para identificar, medir el alcance y programar los comportamientos. Nunca deberíamos tener que elegir entre control y libertad. Las sociedades abiertas siempre han necesitado controlar ciertos flujos, ya se trate de flujos financieros ilícitos, de contenidos de manipulación extranjera o de infraestructuras críticas. La cuestión es impedir que las herramientas concebidas para proteger se conviertan en arquitecturas de docilidad. El euro digital, la identidad digital, la DSA y el Pacto Migratorio pueden ser los pilares de una soberanía democrática renovada. También pueden convertirse en los elementos de un dispositivo de vigilancia integrado cuyo modelo ofrecería China y cuya lógica Europa, a falta de vigilancia, aceptaría al tiempo que pretende rechazarla. Las elecciones estadounidenses y francesas que se anuncian superan el simple escrutinio político. Son la primera prueba a gran escala de la capacidad de las democracias para organizar un debate libre en un espacio informacional saturado de algoritmos, rumores, manipulaciones y dispositivos de atenuación. Lo que decidamos en los próximos meses, en términos de marco jurídico, aplicación de los reglamentos existentes y soberanía tecnológica, determinará no solo el resultado de los comicios, sino la naturaleza misma del espacio público para la generación que empieza a votar. Las tecnologías son esquivas, a menudo desviadas, a veces desviables. La gobernanza está maltrecha, pero aún no vencida. Todo depende de lo que exijamos a quienes pretenden tomarla en sus manos.